Los clientes estafados por Global Brokers Asociados S.A., no solo se encuentran indignados por la ineficacia de la Fiscalía General de la Nación sino que, además, están decididos a atacar otras acciones judiciales en su propósito de recuperar los dineros invertidos.

Es por ello que decidieron demandar administrativamente a las Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), Superintendencia Financiera y a la Superintendencia de Sociedades, teniendo en cuenta que estas instituciones estaban en la obligación de ejercer la vigilancia a Global Broker Asociados, Grupo Empresarial Aliados y Constructora Aliados S.A., que conformaban un solo conglomerado.

Argumentan que las personas que habían invertido en estas empresas para cumplir sus sueños de adquirir las tan anheladas viviendas para sus familias, al ver la demora del cumplimiento de los contratos, se habían acercado a estas entidades para poner en conocimiento de las mismas las irregularidades que se estaban presentando.

Sin embargo, en ninguna de las superintendencias obtuvieron una respuesta frente a Global Brockers Asociados S.A. y sus aliadas. Por el contrario, sin mayores reparos les contestaron que, por una parte, no tenían la facultad para investigar y por la otra, que ante las pesquisas realizadas no habían encontrado ninguna actuación irregular.

Por esta razón, un gran número de afectados tomó la decisión de otorgar poder para iniciar los procesos administrativos correspondientes, presentándose por parte de los abogados las solicitudes de conciliación ante la Procuraduría General de la Nación.

No obstante, este trámite fracasó debido a la negativa del Estado en reconocer su responsabilidad en estos casos. Más sin embargo, este trámite es exigido como requisito de procedibilidad para la presentación de las demandas respectivas.

Zonacero.com conoció que, para finales del mes de marzo de este año, una vez culminen los últimos tramites de conciliación, en cabeza de este grupo de abogados, se tiene previsto presentar un número que supera las primeras 90 demandas de reparación directa con las que se pretenden reclamar los perjuicios irremediables que inevitablemente se causaron a las victimas por la omisión de los entes de control y vigilancia del estado. 

Los clientes estafados optaron por esta vía teniendo en cuenta la obligación in vigilando (culpa en la vigilancia), que les corresponde a estas superintendencias.

Además que de no ser así, “entonces estaríamos bajo una inseguridad jurídica donde cualquier persona con una empresa fachada, sacando partida de la omisión del Estado como en este caso sucedió, se procedería abiertamente a estafar a los ciudadanos”.

Recordaron que es el mismo Presidente de la Republica quien, por mandato Constitucional, debe ejercer la inspección, vigilancia y control sobre los entes que realizan diversas actividades económicas en Colombia. En consecuencia, “el Numeral 13 del Artículo 189 de la Carta Política lo faculta para delegar dichas funciones en los Superintendentes a quienes nombra directamente mediante Decreto”.

Con todo esto, “nos debemos preguntar: ¿qué papel jugaron las superintendencias cuando de manera previa fueron advertidas del actuar irregular de dichas compañías por sus primeras victimas. Quienes a su vez, denunciaron el modus operandi con el que fueron estafadas”.